Estuvo prófugo cinco años y dos veces se escapó de la Policía corriendo por los techos de su propia casa en Villa Trujui, partido de Moreno. Pero dicen que «la tercera es la vencida» y así resultó para José Víctor Gutiérrez (46), alias «Primo», pieza clave un una megacausa de corrupción policial y judicial con epicentro en San Isidro.
Luego de una investigación de 15 meses, el viernes por la noche el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería detuvo a «Primo» donde, al parecer, siempre estuvo.
El detalle para certificar su presencia en Trujui (donde comparte terreno con su hermano, un policía bonaerense) fue el seguimiento a través de un dron y de cámaras de seguridad colocadas en postes de luz del barrio.
Estas cámaras marcaron la presencia del prófugo en la zona. Sin embargo, el operativo se terminó de decidir cuando las imágenes del dron se mejoraron al punto de detectar un tatuaje tribal en uno de sus brazos.
Ese tatuaje había sido descripto en la causa y fue lo que convenció a la Justicia de que el hombre filmado -aunque en baja calidad- no era otro que José Víctor Gutiérrez.
«Primo» no es un gran narcotraficante. Tampoco el jefe de una banda ni un comisario poderoso. «Primo» o «Negro», como se lo conoce, es un «informante policial»… pero no uno cualquiera.
Su tarea consistía en entregar narcotraficantes a sus amigos de la Policía bonaerense. Y en este trabajo era multifacético: o bien podía participar de la extorsión policial («me pagás y no te armo la causa«) o bien era el encargado de tomar parte de la mercadería secuestrada (marihuana y cocaína) y contactarse con bandas rivales para venderle la droga a un precio tentador.
En la última década, «Primo» trabajó codo a codo con los agentes de la Delegación Antinarcóticos de San Martín y luego mudó sus habilidades a la Delegación Antidrogas de San Isidro de la Policía bonaerense. A veces él mismo se ponía un chaleco oficial y participaba en los operativos como uno más de la brigada.
Gutiérrez no es un pez gordo, pero sí es alguien sabe mucho de cómo la Bonaerense arma causas para beneficio propio. Por eso era uno de los principales prófugos de una causa que -desde que explotó a mediados del 2020- viene sacudiendo los tribunales de San Isidro. Este domingo-tras ser de ser detenido en su casa de Trujui- le tocó el momento de la declaración indagatoria, pero prefirió callar.
Los policías para los que trabajaba «Primo» son los mismos que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez señalaron como responsables de un mecanismo de armado de causas, robo de droga y hasta crímenes.
Muchos de ellos están presos y en juicio oral. En total, el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín tiene en el banquillo de los acusados a 34 personas. De ellas, 24 son policías bonaerenses (algunos de alto rango) y el resto son dos abogados y media docena de testigos truchos.
Para la Justicia, los policías actuaban bajo las órdenes del fiscal Claudio Scapolan (53), en su momento uno de los más poderosos de la jurisdicción. A nivel judicial, Scapolan tuvo suerte. Declaró en indagatoria el 4 de marzo de 2021, tras cinco postergaciones, pero nunca fue preso por sus fueros.
El fiscal Domínguez apuntaba a Scapolan como jefe de una asociación ilícita, pero la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín sólo lo consideró responsable de no haber impedido el mal accionar policial. Scapolan logró así evitar la cárcel, pero no su jury: fue destituido en abril de 2023 por mal desempeño de sus funciones.
El papel de «Primo»
Los memoriosos recuerdan que la primera aparición importante de Gutiérrez fue allá por 2011 en una causa conocida como «Pacheco», que había sido «trabajada» por la Delegación Antidrogas de San Martín.
Allí Gutiérrez actuó de testigo falso para su amigo, el policía Oscar Antonio Caviglia, quien años más tarde -como subcomisario de la Delegación Drogas Ilícitas de San Isidro- se lo llevaría a trabajar con él a otra jurisdicción, la que era controlada por fiscal Claudio Scapolan.
El dudoso papel de los policías en general, y de Gutiérrez en particular, hizo que el abogado de Karina Pacheco, Damián Odetti (hoy querellante en el caso Scapolan), los denunciara.
Como elemento de prueba, Odetti presentó una grabación casera hecha por los Pacheco en la que se escuchaba cómo los policías le pedían 50 mil pesos por sacarle la droga de encima y cerrar todo como «tenencia para consumo personal».
Karina Pacheco fue sobreseída (el caso nunca llegó a juicio) y los policías denunciados firmaron un juicio abreviado ante el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. Les impusieron una pena menor pero al menos tuvieron que admitir el delito.
En cuanto a Gutiérrez, volvió a aparecer en la causa conocida como «Bustamante», un expediente que abarcaba los allanamientos a cuatro supuestos «narcos» sospechosos.
En ese expediente, Gutiérrez no aparecía en ningún acta pero fue llamado a declarar como testigo en el juicio oral porque trascendió su participación. La causa la anuló finalmente el TOF 5 de San Martín porque los jueces consideraron que «Primo» no sólo había estado en los operativos (sin ser policía), sino que incluso él había hecho todo el trabajo.
Al acusar al fiscal Scapolan, Domínguez retomó este caso y descubrió que el papel de «Primo» había sido fundamental: había tomado la droga de los allanamientos que habían dado «positivo» para plantarla en los que habían dado «negativo». El motivo: tener con qué extorsionar a los narcos para conseguir dinero de ellos.
Finalmente en el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, se inició la causa Gil, para investigar los actos de corrupción de los policías bajo la hipótesis de que habían montado una verdadera empresa ilegal desvalijando narcos, sacándoles plata con amenazas y vendiendo su droga a otros actores del mercado narco.
El expediente Gil ahora se convirtió en central en la causa Scapolan. Escuchas y testimonios de arrepentidos complican a la pata judicial de la organización. Entre los arrepentidos están Gutiérrez y también el policía Gabriel Cabral, subteniente de la Delegación Drogas Ilícitas de San Isidro.
Las escuchas
Tal vez la escucha telefónica más clara que grafica el negocio policial y judicial es la que, en diciembre de 2014, le tomaron a «Primo» hablando con el narco Ceferino Benítez, al que le ofrece la droga secuestrada en un allanamiento en el mismo momento en el que Gutiérrez está con la Policía en ese operativo.
Ese audio no sólo sirvió en la causa contra Benítez sino también en la causa Gil contra la banda de policías.
-Primo: ¿Qué hacés viejo, por qué no tenés el teléfono prendido?
-Ceferino: No sé, se me apagó. Tengo los dos teléfonos apagados. Ahora lo prendí.
-Primo: Escuchame, ahí hicimos un laburo con la gente y tengo siete kilos de la verde. ¿Te sirve?
-Ceferino: Sí, sí.
-Primo: Te lo dejo a tres, ¿te sirve?
-Ceferino: Sí, sí sí. pero no es el mismo, como el otro ¿no?
-Primo: No no, el mejor, el mejor. Te lo dejo a tres lucas, ¿te sirve?
La causa Gil fue una caja de Pandora. Para empezar, se descubrió que el 70% de los CD’s de escuchas tomadas por la AFI se perdieron. Y no es de extrañar porque los iban a buscar a la agencia de inteligencia policías de la propia Bonaerense. Al resto de los CD’s, el otro 30%, nadie los escuchó: hasta que arrancó la causa Scapolan.
El 21 de mayo de 2018, Gutiérrez terminó condenado en la causa Gil por el TOF 2 de San Martín. Le dieron una pena menor (tres años de prisión en suspenso) por ser miembro de una asociación ilícita integrada por policías.
La sacó barata porque sus testimonios como arrepentido lo favorecieron. Tal vez creyó que ahí quedaba la cosa. Salió en libertad casi de inmediato y se le perdió el rastro. Nunca estuvo lejos, pero costó demasiado ponerle las esposas.
EMJ