La cartera dirigida por Patricia Bullrich apuntó que el fallo del magistrado Roberto Andrés Gallardo responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas.
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El Ministerio de Seguridad respondió al fallo que le impidió desplegar un nuevo operativo frente al Congreso.
Brújula
El Ministerio de Seguridad respondió este lunes al fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, que impidió la intervención de las fuerzas federales en el operativo previsto para este miércoles frente al Congreso, y presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
El Gobierno acusó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». El fallo aceptó una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN (sindicato de judiciales) e impidió la intervención de fuerzas federales en la manifestación de jubilados prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso. Según dispuso la Justicia, en cambio, el operativo debe quedar a cargo de la policía porteña.
Ante esta disposición, la cartera dirigida por Patricia Bullrich presentó un pedido al Consejo de la Magistratura para iniciar un sumario e investigar la conducta del magistrado. Desde la cartera apuntaron que esta decisión vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas.
En ese sentido, consideraron que la demanda se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial que habilitara el accionar del juez.
Además, citaron un fallo previo -expediente «Red Federal de Derechos Humanos»– en el que un planteo idéntico fue rechazado in limine por falta de legitimación activa y por tratarse de un reclamo abstracto.
En este caso, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara de Apelaciones habían determinado que la Justicia porteña «carece de jurisdicción para intervenir en asuntos vinculados a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la Justicia federal«.
«A pesar de estos antecedentes, el juez Gallardo ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir» y además «habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés«, cuestionó la cartera de Seguridad.
Por último, cerraron la denuncia al reclamar: «El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional», se indicó.