En el marco de una causa judicial que investiga presuntas maniobras fraudulentas dentro del sistema de infracciones de tránsito y Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, el exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, fue formalmente imputado como partícipe necesario.
Junto a él, otros 15 exfuncionarios provinciales enfrentan cargos por su presunta participación en una trama de corrupción estructural que habría operado durante su gestión.
Exfuncionario de Axel Kicillof imputado: de qué acusan a Jorge D’Onofrio
La acusación, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, sostiene que los implicados actuaron en complicidad con intermediarios externos que se desempeñaban como supuestos «gestores». Estos ofrecían a infractores descuentos del 50% en sus multas de tránsito, a cambio de pagos ilegales.
La operatoria permitió eliminar infracciones de manera irregular y provocó un perjuicio económico mensual estimado entre 4 y 10 millones de dólares para la empresa concesionaria del sistema de fotomultas, Secutrans.
Además, la investigación señala que al menos siete empresas fueron forzadas a contratar a la firma «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.», encargada de la asignación de turnos para la VTV. Esta compañía cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada trámite, lo que podría constituir una modalidad de recaudación paralela.
El expediente también incluye supuestas irregularidades en los convenios firmados con CECAITRA, una asociación civil responsable del control de radares de velocidad en diversos municipios bonaerenses. Según los investigadores, al menos 155 dispositivos ubicados en distritos como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen habrían sido utilizados para generar ingresos cuya administración se encuentra bajo sospecha.
Entre los principales imputados figura Claudia Pombo, ex concejala del partido de Pilar y pareja de D’Onofrio, sindicada como coordinadora de los gestores que operaban dentro de la red. También fue imputado Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata, acusado de anular multas a cambio de sobornos.
Completan la lista de imputados Sebastián Desio, presidente de la firma tecnológica involucrada; Pablo Javier Sanguinetti, quien estuvo al frente de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial; Tomás Uthurriague, ex director de Informática de ese organismo, y varios otros exfuncionarios que habrían respondido directamente a D’Onofrio.
Secuestraron miles de dólares en una financiera trucha
Esta semana, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso una nueva serie de allanamientos en el marco de la investigación que involucra al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a varios integrantes de su círculo cercano. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una financiera ilegal que operaba en la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron $62.915.500, u$s254.254, 4.600 euros y 112.000 reales.
Una fuente vinculada al expediente explicó que «los allanamientos son una continuidad del operativo que se hizo en la financiera que funcionaba en el hotel Sheraton de Pilar«. Aquel procedimiento, que tuvo lugar a fines de enero, también incluyó la inspección de una peluquería llamada «Hairspray Studio», ambos comercios atribuidos a la concejal Claudia Pombo.
La línea investigativa sostiene que en estas financieras «circuló dinero de actividades ilícitas», en el marco de una causa que tramita en el juzgado federal de Campana y que apunta a una posible red de lavado de activos. Además de D’Onofrio y Pombo, la causa involucra a Facundo Asencio (exdirector de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrocchi, la también concejal Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail, medio hermano de Pombo.
A fines de 2024, el juez González Charvay había ordenado el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil sobre todos los imputados y avanzó con medidas orientadas a analizar el origen de sus patrimonios. En esa instancia también se puso la lupa sobre un presunto sistema de recaudación ilegal mediante el uso de fotomultas. Según la hipótesis judicial, D’Onofrio podría haber formado parte de una red de gestores que ofrecían eliminar multas a cambio de comisiones de entre el 30% y el 50% del valor original, con la presunta participación de funcionarios judiciales, empleados públicos y concesionarias.