El panorama para el juez Ernesto García Mañoón (76) es cada vez más complicado. Mientras el sumario administrativo por una denuncia de acoso sexual a una funcionaria avanza, ahora también se abrió una investigación penal en una fiscalía. Todo ello a pesar de la para nada cómoda situación de que el investigado sea el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de un distrito como San Isidro.
A pesar de la feria judicial, en los pasillos de los Tribunales sanisidrenses resuena el taconeo de las presiones e influencias. Ningún fiscal quería agarrar el caso. Tres se excusaron: Lidia Osores Soler, Bibiana Alejandra Santella y Andrés Quintana, en ese orden. Así, la causa estaba en un limbo. Finalmente, el jueves, el fiscal José Amallo, de la UFI de Tigre, se hizo cargo de la investigación, según dijo a Clarín una fuente del caso.
Amallo no solo tiene que investigar este escándalo, sino también el de la jueza Julieta Makintach por la presunta grabación de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Paradójicamente, la Cámara de Apelaciones que preside García Maañón es la que define el futuro de ese juicio, que quedó nulo por el papelón de la jueza.
En la causa también es querellante la auxiliar letrada que denunció a García Mañoón por acoso. El martes el juez de Garantías 1, Ricardo Costa, la aceptó como particular damnificada y es representada por el abogado Juan E. Saucedo. En tanto, el juez García Maañón es defendido por el abogado Adrián Murcho.
Hoy, la funcionaria de la Cámara de Apelaciones de San Isidro se encuentra con licencia psiquiátrica por trastorno de ansiedad. Enfrenta un gran sentimiento de culpa, angustia y teme represalias.
Es que, según su denuncia, el juez no solo la quiso reemplazar acusándola de haberse «mandado varias macanas», sino que vivió situaciones de extrema violencia, como por ejemplo, una intimidación con un arma de fuego frente a su cara en el despacho del juez. Todo eso por no haber accedido a mantener una relación íntima con García Maañón, según la denuncia.
Por este motivo, fuentes del caso dijeron a Clarín que la primera medida ordenada por el fiscal Amallo fue designar una psicóloga del Centro de Atención a la Víctma (CAV) para brindarle contención y evaluar cuándo estará en condiciones de declarar en la fiscalía.
En paralelo, el sumario administrativo iniciado por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense avanza. Lo más sustancioso serían testimonios de testigos que no solo respaldan la denuncia de la auxiliar letrada, sino que agregarían nuevos elementos contra García Maañón con al menos otra funcionaria como víctima.
Todo esto, a pesar de supuestos intentos del juez por condicionar a los testigos citados por el área de Control Disciplinario de la Suprema Corte. «Está intentando por todos los medios generar miedo a quienes fueron citados», dijo una fuente del caso a Clarín. Una versión es que una ex pareja del juez, que también es jueza, sería la que recorre Tribunales pidiendo no declarar contra García Maañón. También se habla de que el juez pidió presenciar las audiencias y realizar preguntas y no lo dejaron.
Lo que ya se sabe es que cuando termine la feria judicial, el 4 de agosto, García Mañoón no volverá a su despacho, ya que pidió una licencia y se la otorgaron hasta el 18 de agosto.
Cerca de la auxiliar letrada que lo denunció no están tranquilos con esta licencia. Quieren que el juez sea suspendido o tenga una licencia sin goce de sueldo. Ya que en la situación actual, García Maañón sigue cobrando como juez a pesar de no trabajar. La intención de la querella es llevarlo a un jury de enjuiciamiento cuando finalice el sumario administrativo.
La denuncia contra el histórico juez de San Isidro fue presentada por la víctima el martes 16 de julio pasado después de una situación en la que se vio difamada y humillada públicamente. Según la funcionaria, García Maañón dijo en un grupo de WhatsApp con otros integrantes de la Cámara que iba a reemplazarla porque se había «mandado varias macanas». Pero para la mujer, esto era una represalia basada en su rechazo a mantener una relación sentimental con el juez.
No obstante, según la denuncia, las situaciones de acoso sexual y hostigamiento se prolongaron durante más de cuatro meses e incluyeron insinuaciones sexuales, comentarios personales, intentos de establecer un vínculo no laboral y un importante cambio en el trato profesional después de la negativa de la víctima a acceder a otro tipo de vínculo con el juez. Además relató un intento de tocamiento y hasta una intimidación con un arma frente a su cara.
Todo esto derivó en un deterioro significativo en la salud emocional de la secretaria, que terminó pidiendo medidas de protección hacia ella y ser cambiada de área para no tener que sufrir más el abuso de poder al que refiere por parte del camarista.
El juez, que es camarista desde 1998, también fue noticia en 2023 por matar a dos de los seis ladrones que intentaron asaltarlo cuando salía de un torneo de tiro en Quilmes.
MG