Los gobernadores, involucrados en la sesión de Diputados: cambios de último momento y aprobación de proyectos por más recursos

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Obtuvo 143 votos a favor y 90 en contra, aprobaron reparto automático de ATN. Javier Milei ya anticipó su veto.

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La UCR, la Coalición Cívica y el PRO, con posturas divididas en todas las votaciones.

Mariano Fuchila

Los gobernadores, que iniciaron en julio un camino de confrontación legislativa por más presupuesto, estuvieron presentes en toda la jornada de sesión en Diputados: se garantizaron la aprobación de un proyecto que les reparte fondos de forma inmediata y torcieron el rumbo de la votación para revertir el veto al aumento a jubilados. En la jornada, la oposición también busca quedarse con la presidencia de la comisión investigadora de la causa $LIBRA, que se encuentra trabada hace cuatro meses.

La iniciativa aprobada, que ya tuvo media sanción en el Senado, obliga a la Casa Rosada a ejecutar -con el criterio de la Ley de Coparticipación Federal- el reparto automático a las provincias del 1% los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones (Coalición Cívica, Frente de Izquierda y la chubutense Romero). Los bloques provincialistas votaron unánimemente a favor, junto a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Por Santa Cruz y un sector de la UCR.

Este proyecto acompañó a otro que fija que un mayor porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos vuelva a las provincias, en lugar de ser derivados a seis fideicomisos que serán eliminados: de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; Sistema Vial Integrados: Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda.

Lo recaudado por el impuesto a los combustibles alcanza hasta un 0,5% del PBI. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Existían otros dos proyectos: uno que eliminaba la aleatoriedad del destino de los fondos (del Frente de Izquierda) y otro que reducía al 40% la participación de las provincias en la distribución (del oficialismo).

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