En un movimiento estratégico para paliar la profunda crisis política que atraviesa, el presidente Javier Milei realizó el primer cambio en su gabinete tras la contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El anuncio central fue la recreación del Ministerio del Interior, una cartera que hasta ahora dependía de la Jefatura de Gabinete, que quedará en manos de Lisandro Catalán, hasta entonces vicejefe de Gabinete de Interior y hombre de confianza de Guillermo Francos.
La medida es una clara maniobra del Gobierno nacional para intentar reencauzar su deteriorada relación con los gobernadores, un vínculo que se tensó al máximo tras la derrota oficialista y que es vital para la supervivencia política del Presidente.
La designación de Catalán, un político tucumano con una extensa trayectoria en fuerzas tradicionales –pasó por las gestiones de Daniel Scioli, Mauricio Macri y Alberto Fernández–, busca enviar una señal de diálogo a los mandatarios provinciales. Su perfil es visto como el de un operador con llegada a varios de los gobernadores, aunque desde las provincias ya manifestaron escepticismo, señalando que aún no han recibido contacto formal y que dudan de que exista un cambio real de fondo en la estrategia oficial.
Este reacomodamiento se enmarca en un momento de extrema debilidad para el Ejecutivo, sumado a las turbulencias por el caso ANDIS, la precaria situación económica y los reveses legislativos. La derrota electoral forzó al Gobierno a buscar un nuevo pie de negociación. La idea central de esta nueva cartera y de la conformación de una Mesa Federal –que integrarán el nuevo ministro, Francos y el titular de Economía, Luis Caputo– es proyectar una imagen de gobernabilidad sólida hacia los mercados y al FMI, que el lunes pasado ya castigaron los activos locales preocupados por la fragilidad política. Esta señal de estabilidad es crucial para el Gobierno mientras Caputo intenta renegociar deuda por 7 billones de pesos y prepara el envió del Presupuesto 2026.
Sin embargo, la jugada tiene sus contradicciones. Por un lado, el presidente ha sido claro en que no modificará el rumbo económico de su gestión, lo que limita el margen de negociación con los gobernadores, quienes exigen con urgencia más fondos para las provincias. Dos leyes clave impulsadas por los 24 mandatarios, que buscan una mayor distribución de partidas para ATN y combustibles líquidos, se encuentran sobre el escritorio de Milei, quien ya amenazó con vetarlas. Tiene tiempo para hacerlo hasta el 10 de septiembre, y un veto podría profundizar el cortocircuito y dejar en evidencia los límites de este nuevo acercamiento.
La incorporación de este ministerio es una maniobra similar al anuncio de la Mesa Política de días atrás: un intento de recomposición con los mismos actores del establishment político libertario, es decir, los responsables de la crisis actual. Paradójicamente, sin el apoyo de los bloques parlamentarios dirigidos por estos mismos gobernadores, el Gobierno de Milei no habría podido sancionar ni vetar leyes fundamentales para su programa en estos casi dos años de gestión.
Horas en que el gobierno larga manotazos de ahogado para asegurar gobernabilidad y avanzar en el segundo periodo de gestión, en donde la agenda promete reformas estructurales. En poco tiempo se celebrarán las elecciones nacionales de medio término, las cuales pueden ser determinantes para el futuro de Milei. Pero este estado de extrema debilidad, al que buscan maquillarlo con cambios cosméticos, hay que aprovecharlo para terminar con este gobierno de corruptos, ajustadores y represores, haciendo que se vayan todos. Como lo demostró Axel Kicillof en su discurso post electoral, las fuerzas tradicionales no harán nada para enfrentar al oficialismo es las calles. Por el contrario, desde la izquierda, en particular desde el MST en el FIT-U, buscamos fortalecer la lucha contra este gobierno y no darle ningún margen de recuperación metiendo nuevas figuras de la casta política, como lo es Catalán.