La Cámara Federal porteña decidirá este jueves cómo destraba la investigación sobra la ocupación del ex Instituto Perón por parte de un grupo comandado por el dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois, a casi un mes de la toma.
Sucede que Grabois, que es abogado, pidió la nulidad de la causa por usurpación, daño agravado y lesiones porque afirmó que fue detenido en “forma ilegal” y también reclamó que le devuelvan el teléfono celular que la Justicia quería abrir para saber si la toma había sido organizada. El fallo decidirá la suerte procesal del hombre de consulta de Cristina Kirchner.
Así Grabois, que ya fue indagado como sospechoso en la causa por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Rívolo, trabó el avance de la investigación.
El asesor del fallecido Papa Francisco fue detenido el 7 del mes pasado en flagrancia por la Policía Federal, en medio de escenas de forcejeo mientras el dirigente K se envolvía con la bandera argentina y gritaba: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.
Rívolo quiere abrir el celular solo por las comunicaciones de esos días y por el trabajo de Grabois como abogado que está amparado por el secreto profesional.
Además, el juez y el fiscal esperaban un peritaje sobre las imágenes de la ocupación del edificio donde funcionaba el Instituto Perón, el bar “un café con Perón” y ahora la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, lo quiere transformar el establecimiento en un «centro inclusivo» que incluya una biblioteca y un local gastronómico en el que trabajen jóvenes neurodiversos.
La sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, el jueves escuchará a Grabois y al fiscal que se opone a sus pedidos. Luego estará en condiciones de decidir la situación del dirigente social.
Si acepta la anulación, se cae la causa. En cambio, si la rechaza dejará las manos libres al juez Ramos para que decida, tras terminar de recibir todas las pruebas, si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Grabois y los otros imputados.
La toma del instituto Perón, que se encuentra al lado de la Biblioteca Naciona, fue el primero de una serie de operaciones de los K antes y después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión en la causa Vialidad. Luego vieron los ataques al canal de noticias TN y a la casa de José Luis Espert.
Además de producir daños en el histórico edificio, como una puerta de blindex rota – que mostró el periodista Luis Gasulla en La Nación+, cuatro policías sufrieron lesiones y por momentos, en la confusión, parecería que hubo resistencia a la autoridad, dijo una fuente judicial. Además, fue detenido Valentín Peralta Ramos.
El domingo siguiente a la tomar, Grabois tras pasar la madrugada detenido, fue excarcelado.
“Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”, expresó luego de su liberación en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en el barrio de Lugano.
El dirigente social calificó su detención como parte del «odio gorila» del Gobierno nacional, junto con el cierre del instituto.
“Lo que hicieron fue intentar borrar la historia de una parte del pueblo argentino. Sellaron todo, destruyeron murales y pusieron las estatuas de Evita y Perón en bolsas mortuorias”, dijo. Y agregó que se trata de una “ofensiva contra la memoria colectiva y una provocación directa al movimiento nacional y popular”.
Ese sábado era la fecha límite para que entregaran el edificio a las autoridades ministeriales, tras el cierre dispuesto por el Gobierno de Javier Milei.
“Estamos dispuestos a venir una, dos, cinco, quince veces, todas las veces que sea necesario a conocer las instalaciones de la Policía Federal”, desafió Grabois.
En cambio, ese día el jefe de la Policía Federal, comisario General Luis Alejandro Rolle dio otra versión de la toma.
«Pasadas las 14 un grupo de piqueteros, encabezado por Juan Grabois tomaron el Instituto Juan Domingo Perón en forma violenta, previo a haber roto una puerta de blindex (…) reteniendo contra su voluntad a cuatro funcionarios de la Policía Federal que estaban resguardando y custodiando ese edificio», dijo Rolle.
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El Comisario General dijo que la Policía Federal ingresó al edificio «de forma pacífica, sin ejercer ningún tipo de violencia», por directiva de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que detuvieron a Grabois y otro hombre. Producto del operativo, cuatro agentes de la Policía Federal resultaron con lesiones, destacó.
Entre quienes reclamaban la liberación del dirigente social estuvieron caras conocidas de su fuerza, como Natalia Zaracho e Itai Hagman, y de otros espacios vinculados al kirchnerismo
Un comunicado oficial que Capital Humano señaló que el Instituto «contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de $400 millones» y que «la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto».
Las autoridades ministeriales agregaron que a partir de que se dispuso la disolución del organismo, «se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto» que está inventariado y actualmente en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.
En octubre de 2020, calificó como una “derrota” el fallo de la jueza María Carolina Castagno que dispuso el desalojo del campo de la familia Etchevehere tomado por sus militantes en Entre Ríos y dejó el predio, entre otros incidentes similares.