“¿El agua debe ser un negocio?” La pregunta, lanzada por el conductor Pablo Caruso en «QR», buscó poner en debate si los servicios públicos deben estar gobernados por la búsqueda de la rentabilidad empresaria o, por el contrario, cumplir con una función social básica. Como un eco de los años ’90, la discusión llegó tras el anuncio que el vocero presidencial Manuel Adorni hizo este viernes: el Gobierno iniciará la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), transfiriendo el 90% de sus acciones al capital privado.
Adorni confirmó que el plan incluye una licitación pública nacional e internacional para incorporar un operador estratégico y una apertura del capital en Bolsa. A su vez, sostuvo que el 10% de la empresa seguirá en manos de sus trabajadores mediante el programa de «propiedad participada». El argumento oficial que sostiene la decisión: desde su reestatización en 2006, la compañía necesitó más de 13.400 millones de dólares del Tesoro. En un contexto de drásticos recortes del gasto público, la medida no despertó sorpresas.
El analista económico Guido Bambini aportó contexto: AySA abastece a más de 15 millones de personas, incluyendo a 26 municipios del conurbano bonaerense, en un área de 3.300 km². Es la quinta empresa de agua más grande del mundo y una de las mayores consumidoras de energía en Argentina. “La empresa privada sólo construyó dos plantas depuradoras de las 21 necesarias”, apuntó. Entre 1993 y 2002, durante la gestión del grupo francés Suez, las tarifas aumentaron un 88%, mientras que la inflación fue del 7,3%.
“Estamos pagando ahora la deuda que significó no hacer obras en los ’90”, subrayó Caruso. Según un informe de FLACSO mencionado en la emisión, durante el primer y segundo plan quinquenal privatizado solo se ejecutó el 50% de la inversión comprometida. El periodista Martín Granovsky recordó: “El Estado se quedó con la deuda previa y aumentó tarifas para facilitar el camino a la concesionaria».
Adorni estrenó «Fake, 7, 8»: todos los detalles sobre el streaming oficial
Desde su reestatización en 2006, AySA construyó ocho plantas depuradoras e incorporó 3,5 millones de usuarios al sistema de agua potable de red y cloacas. Entre 2020 y 2022 se redujo la nómina de sus empleados en 121 personas, contradiciendo el discurso oficial sobre exceso de personal.
“En el futuro, a quien no pague la boleta de agua le cortarán el suministro”, alertó Granovsky en referencia a un punto específico del plan de privatización que así lo estipula. El equipo de «QR» coincidió: el agua, más que un bien negociable, es un derecho que debería estar por encima de la maximización de beneficios.
LB / FPT