A poco tiempo de las elecciones, el gobierno sigue sin poder resolver sus múltiples crisis. Con Economía sin capacidad para refinanciar la totalidad de un mega vencimiento de bonos, las disputas políticas con sus aliados continúan. La pelea con los gobernadores por quién se queda con la caja configurada por los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos se discutirá en Diputados. Para frenar esta rebelión, los libertarios presentaron una propuesta para dividir al grupo de los mandatarios provinciales.
El pasado miércoles 13, luego de las reuniones de las comisiones de Presupuesto y Energía, los diputados lograron que los proyectos —ya con media sanción del Senado— obtuvieran dictamen para ser tratados en la Cámara Baja. Los proyectos discutidos fueron los impulsados por los gobernadores: aquellos que otorgarían un nuevo funcionamiento y otro tipo de distribución a los Aportes del Tesoro Nacional, y la reforma al impuesto a los combustibles líquidos.
Para evitar otra derrota bochornosa, el gobierno lleva días reuniéndose con aliados y opositores, con el fin de que, durante la sesión donde se traten estos proyectos, se conviertan en los héroes que defienden el superávit fiscal. Además de la reunión en Olivos, que congregó a toda la tropa libertaria de la Cámara Baja (incluyendo a los amarillos avioletados), Milei impulsó una respuesta hacia los gobernadores. Con la idea de fracturar esa unidad variopinta, que impacta directamente contra los números ficticios del gobierno, el presidente elaboró una contraoferta que repartiría la caja de los fondos en discusión.
Finalizadas las reuniones de comisiones, esa división buscada por el gobierno tuvo efectos en algunos diputados afines a gobernadores aliados, como Cornejo y Orrego. Por ahora, la discusión de estos proyectos estaría programada para el próximo 20 de agosto, fecha en la que también se tratarán otros vetos presidenciales, como los aplicados a los proyectos previsionales.
Los proyectos en disputa
Con las cajas provinciales como variable de ajuste para la política nacional, los gobernadores que desde un principio se aliaron al gobierno llevan meses discutiendo con la presidencia por la falta de fondos. Frente a la ausencia de respuestas, en una alianza inédita que reúne a gobernadores de todos los partidos tradicionales, organizaron una estrategia para retener una porción de la caja que reclaman.
Las dos exigencias presentadas por los jefes provinciales fueron la distribución de los Aportes del tesoro de Nacional y la distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
En el caso de los ATN, actualmente son fondos que Nación utiliza para ayudar a provincias con desequilibrios financieros, emergencias o gastos no previstos en sus presupuestos. Sin embargo, la discrecionalidad en las transferencias es el eje de las tensiones entre Nación y las provincias, un comportamiento que ha ocurrido en todas las gestiones.
Para modificar esta dinámica, este frente de gobernadores presentó un proyecto en el Senado que busca que los fondos (estimados en $1 billón para 2025) se distribuyan diaria y automáticamente, eliminando la discrecionalidad del Gobierno nacional. El proyecto original, con media sanción del Senado, establece que el 58,8% de los ATN se reparta según los coeficientes de coparticipación (Buenos Aires recibiría el 21,2%).
Por otro lado, también se discute otro proyecto sobre el impuesto a los combustibles líquidos. Esta propuesta, que también cuenta con media sanción del Senado, propone eliminar fideicomisos nacionales (como los de Vialidad y Transporte) y redistribuir el 57,02% de lo recaudado a las provincias, frente al 40% que ofrece el Gobierno.
La respuesta del gobierno
Desde la Casa Rosada, para resistir este avance, se presentó una contraoferta sobre cómo distribuir los fondos exigidos por los gobernadores:
- Para los ATN: Ofrece repartir solo los remanentes anuales (no diarios) en 12 cuotas, manteniendo la discrecionalidad en emergencias.
- Para el impuesto a los combustibles liquidos: Propone un 40% para provincias (vs. 57% del proyecto original), 32% para Nación y 28% para seguridad.
La propuesta impactó en algunos aliados y logró romper la unidad de los 24 gobernadores al sumar apoyos clave. Por ejemplo, Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA) respaldaron las contrapropuestas oficialistas. Marcelo Orrego (San Juan) también apoyó la propuesta libertaria. Incluso Ignacio Torres (Chubut), quien se enfrentará electoralmente al oficialismo, a través de su diputada Ana Clara Romero (PRO), respaldó la alternativa sobre el impuesto a los combustibles.
Con esta fractura, luego de la discusión en comisiones el panorama quedó de la siguiente manera. En el caso del proyecto que define la nueva redistribución de los ATN, el dictamen de mayoría fue para el proyecto original (27 firmas) y la propuesta oficialista consiguió un dictamen de minoría (15 firmas), mientras que el Frente de Izquierda, en disidencia presentó un proyecto alternativo. El proyecto sobre los combustibles, el dictamen mayoritario consiguió el apoyo de 46 diputados.
¿Hay algo progresivo en esta disputa?
Sin duda, esta rebelión organizada por los 24 gobernadores refleja la crisis política del oficialismo. Con las elecciones cada vez más cerca, el oportunismo de los políticos tradicionales aprovecha este enfrentamiento para distanciarse de un gobierno complicado.
Pero estas discusiones tienen matices. Pese a su debilidad parlamentaria, la contrapropuesta de Milei logró fisurar el frente de gobernadores. Como toda negociación de la política tradicional, está teñida de especulaciones. Con las listas electorales por definirse, los gobernadores aliados aún evalúan qué les conviene votar en la próxima sesión.
El próximo 20 de agosto, podría ser la fecha en donde se ponga todo esto en debate. En caso de sancionarse los proyectos originales, Milei tendrá durante 10 días hábiles la capacidad de vetarlos. Claro, que antes de esto, todo el aparato del oficialismo está buscando organizar su tropa para conseguir el número mágico de 87 legisladores que frenen este ataque contra el superávit fiscal.
En definitiva, esta pugna por el reparto de fondos enfrenta al gobierno nacional —autor del ajuste más grande de la historia— con los gobiernos provinciales, que han replicado su lógica y descargado el peso de la crisis sobre los trabajadores. Si realmente se busca una reforma tributaria equitativa, deberían aplicarse impuestos progresivos, discutiendo quiénes deben aportar más y qué sectores recibirán los recursos. Sin afectar a los sectores concentrados, esta reconfiguración no ofrece nada progresivo para las mayorías trabajadoras, ya que, incluso si se sancionan los proyectos originales, la distribución quedaría en manos de los mismos gobernadores que facilitaron el ajuste de Milei.